La Red de Mujeres Unidas por Baja California, A.C., Colectivo Cesodi y Yeuani A.C., presentaron este día un estudio exhaustivo sobre la Violencia Vicaria, revelando un perfil alarmante de víctimas y agresores y destacando las deficiencias en la respuesta institucional, así como la urgencia de una acción coordinada para proteger a las madres y sus hijos.
Resultado de casi 3 años de acompañamiento a las 135 madres víctimas de violencia vicaria del colectivo CESODI, presentaron este estudio donde se plantean los obstáculos y desafíos que han enfrentado las madres víctimas de violencia vicaria en el acceso a la justicia en Baja California.
Estefanía Plascencia, Co fundadora el colectivo CESODI, dijo que desgraciadamente estamos igual que hace 3 años, donde no se ha notado ningún avance, por ello, se dieron a la tarea de trabajar en este análisis para demostrar todo lo que han venido documentando, dar una ruta y propuestas.
Entre los hallazgos Clave del Estudio está el que se confirma que la Violencia Vicaria no es un evento aislado, sino la culminación de un patrón de abuso, el Patrón de Abuso Sistémico: Un contundente 94.3% de los agresores vicarios (AV) ejercieron violencia de género contra la víctima antes, durante y después de los hechos de Violencia Vicaria. Perfil de la Víctima: El principal rango de edad de las víctimas es de 31 a 40 años (43%). A pesar del daño, el 86.4% de las víctimas se encuentra actualmente empleada, lo que demuestra una resiliencia y reincorporación a la vida laboral de un 30% después de los hechos.
Estrategias del Agresor Vicario: Las principales modalidades de violencia vicaria ejercidas incluyen la retención injustificada de hijos/as (74.3%) y el uso sistemático del aparato judicial (68.6%). La Violencia Digital como Arma: El 71.4% de los agresores ejercieron Violencia Digital, y el 74.3% utilizaron medios digitales para proyectar una imagen falsa de «buen padre».
El estudio evidencia una profunda desconfianza en el sistema judicial y de procuración de justicia: Rechazo e Indiferencia: Un alarmante 78% de las víctimas percibió rechazo o indiferencia durante alguna etapa del proceso de denuncia e investigación. Denuncias No Recibidas: El 40% de las víctimas vieron sus denuncias rechazadas bajo argumentos de que «no procedía» porque «él era el padre de sus hijos» o por considerar el hecho «sin importancia».
Daniela Salgado, Regidora y vicepresidenta de la Red indicó que la unión de la sociedad civil con Colectivo Cesodi y Yeuani es fundamental para darle voz y estructura a estas denuncias “Como Regidora, asumo el compromiso de traducir estos datos en políticas públicas concretas y presupuestos sensibles que protejan a la niñez y frenen la impunidad. Los hallazgos del estudio son un grito de auxilio, revelando que el 74% de los agresores usa la retención de hijos y el 68% instrumentaliza el aparato judicial, lo que constituye un terrorismo intrafamiliar. La Violencia Vicaria debe ser reconocida y combatida con ley, sensibilidad y capacitación en cada funcionario, pues la inoperancia institucional no puede seguir siendo la norma ante la probada resiliencia de las madres,»
Por su parte, Elsa Alejandra Jiménez Larios, responsable de coordinar los trabajos de la investigación, hizo un llamado urgente a las autoridades a establecer programas permanentes de capacitación para Implementar programas de sensibilización y capacitación con perspectiva de género obligatorios para jueces, ministerios públicos y personal de atención a víctimas, asi como Protocolos de Recepción de Denuncia para Asegurar que las Fiscalías (como la FGEBC) y otras instituciones cuenten con protocolos estrictos para recibir todas las denuncias, eliminando pretextos como la ausencia de golpes para desestimar la violencia.
En el evento que tuvo como sede la Universidad Vizcaya de las Américas se contó con la presencia de la Subprocuraduría de la defensa del menor, representante de la Fiscalía General de BC, visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alejandro Montreal Dirección de seguridad pública, Instituto Municipal de la Mujer, Dirección de prevención del delito, DIF Municipal, jueza especializada en violencia familiar, Delegación de la Secretaría de Educación, jefatura de Atención Ciudadana Municipal, Coordinación general de gabinete, Coordinador de la defensoras Pública, personal de la dirección de justicia cívica y estudiantes de dicho plantel educativo.